Esta iniciativa ha contado con una gran mayoría parlamentaria aunque no todos están satisfechos: Desde las ONG’s que trabajan sobre el terreno se acusa a la Unión Europea de una norma «descafeinada» puesto que no contempla sanciones para las firmas que incumplan el protocolo, entre las que se encuentran mineras, refinerías, vendedores del mineral y, en general, todas las compañías implicadas en el proceso de distribución.
En todo caso, los pequeños importadores y comercios están exentos de su cumplimiento y en todo lo que afecta a nuestro país, la Asociación Española de Joyeros (AEJPR) es la encargada de informar a sus asociados.
Y en parte no les falta razón a estas ONG’s al afirmar que las medidas resultan insuficientes, pero también se equivocan arrojando toda la responsabilidad sobre las empresas. El fondo de la cuestión es claro y compartido por todos: Que los beneficios de la extracción se destinen al bienestar de la sociedad de donde procede la riqueza mineral y no a alimentar conflictos y grupos armados.
Sin embargo, una vez más se pone de manifiesto la grave dejadez de funciones de las Administraciones enmascarando a golpe de ley su falta de iniciativas para el control, desde el origen, de estos metales. La maquinaria burocrática europea vive a costa de las contribuciones de ciudadanos y de empresas, y no es lícito delegar en el ámbito privado las funciones de ‘policía’ que le es competencia a la función pública.
Por ello es necesario que la labor de vigilancia y control comience en aquellos países potencialmente conflictivos, con una verdadera coordinación internacional que actúe como en su momento ––y actualmente–– lo llevó a cabo el Proceso Kimberley para los diamantes. Sólo así se podrá poner freno a los abusos que puedan cometerse en origen.
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